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Nueva ley de compras públicas no aplicará a proyectos estratégicos

La comisión de economía de la Asamblea Legislativa emitió, ayer, dictamen favorable a la nueva Ley de Compras Públicas propuesta por el gobierno hace una semana. La iniciativa, de 195 artículos, será vista hoy en sesión plenaria.

Ayer, tras la visita de Mauro Jovel, director de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC); y Cristian Guardado, asistente, los dos puntos más discutidos fueron: la exclusión de los “proyectos estratégicos” de la aplicación de la ley y la posibilidad de que funcionarios públicos puedan ser ofertantes en instituciones del Estado.

Sobre el primer punto, Guardado justificó la decisión de que la ley no sea aplicable a proyectos estratégicos en que cada país debe analizar aspectos en los que considere que se puede generar competencia o no en los procesos.

Dicha valoración, sin embargo, fue cuestionada por la diputada Anabel Belloso (FMLN), quien indicó que en caso de no haber competencia a nivel local para proyectos estratégicos, para eso existen las licitaciones internacionales.

“No hay justificación. Siempre ha habido un mecanismo en esa situación, donde no existan en el país muchos oferentes. Hemos hecho licitaciones internacionales, por ejemplo en materia electoral es un ejemplo claro”, explicó.

Luego, también el coordinador de la Oficina de Asesoría Legal y AntiCorrupción de El Salvador (ALAC), Wilson Sandoval, consideró que la justificación dada por los representantes de Hacienda no tiene sustento técnico.

“Debería haber un análisis jurídico, técnico, que sustente lo que ellos argumentan. Me parece que lo que se está configurando es dejar que los proyectos ‘estratégicos’ gocen de mayor flexibilidad y que de paso a mayor discrecionalidad en la licitación que se pueda dar”, apuntó.

La otra gran discusión de la comisión se centró en lo relacionado a la prohibición a funcionarios públicos para ser ofertantes para el Estado.

Esto debido a que la LACAP regula de forma tajante en su artículo 26, literal a, que los funcionarios públicos no pueden participar como ofertantes en ninguna institución del Estado.

Sin embargo, en la propuesta presentada por el gobierno, se establecía en su artículo 25 que no pueden ser ofertantes (a) funcionarios públicos, directores y cualquier otro tipo de elección popular, así como servidores públicos que manejen información confidencial, (b) empleados públicos como jefaturas, asesores, gerentes y demás con poder de decisión, o (c) cónyuge o conviviente y personas con vinculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad.